Camilo Ibrahim Issa: La Legislación mercantil en Venezuela a través del Comercio
Un aporte del Estado al comerciointerior está en la creación de toda una estructura legal (leyes, reglamentos,
decretos, resoluciones, entre otros) que fueron dando normatividad y razón de ser a la
realización del intercambiomercantil, y en especial, a su comercio
al detal.
Desde los
propios inicios del siglo XX, con la promulgación del Código de Comercio de 1903 hasta el último
decreto de fijación de nuevos precios máximos de artículos de consumo masivo
dictado por el Ministerio de Producción y
Comercio en 2002, el Estado no ha abandonado su voluntad
política de intervenir en el mercado mediante la creación de distintos instrumentos legales a medida que el comercio
interior se ha tornado cada vez más complejo.
De hecho, las regulaciones de las actividades comerciales lograron
luego de 1936 rango constitucional: así, en la Constitución Nacional de 1936 se consagró por
vez primera en el siglo XX, la libertad económica; por consiguiente, la
libertad de comercio, y definitivamente, en la de 1961.
Esta libertad económica, paradójicamente, ha sido
suspendida en tres oportunidades y la suspensión ha durado un tiempo largo de
más de 30 años para un período de 60 de vigencia. Las limitaciones que se han
venido estableciendo a esa libertad económica, sobre todo a nivel de comercio
interno, están fundadas en razones de orden público y de interés social; pero
fundamentalmente están dirigidas a la regulación de precios, a la represión del
acaparamiento y la especulación, al combate de la usura y a la lucha contra los
monopolios.
En cuanto a
la regulación de precios, es una larga lucha que data desde 1939, cuando se
establecieron en las capitales de Distrito del país las Juntas Ejecutivas para fijar y publicar los
precios máximos al mayor y al detal. Estas medidas se repitieron con los años y
se consagraron en 1974 con la Ley de
Protección al Consumidor.
Es necesario mencionar también que con la Ley de Mercadeo Agrícola, en 1970, se regulan los
precios pero de los bienes agrícolas. Estas regulaciones de precios fueron
derogadas en 1989, mediante el Decreto número 51 del primero de marzo. Para
1992 se reformó la Ley de Protección al Consumidor,
y fundamentándose en la misma. De 1994 en adelante se ha vuelto de nuevo a la
práctica estatal de regulación de precios.
